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Los derroteros de la Reforma Energética

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Dentro de cien años, con toda seguridad, cambiará el mapa geopolítico del mundo que conocemos actualmente, muchos de los que leamos esta nota -si no es que todos-, ya no estaremos aquí para comprobarlo. Algo que también sabemos, es que sólo aquellos países que logren resguardar sus recursos naturales, en particular agua y  energéticos, serán los que sobrevivan.

La revolución industrial no sólo ha transformado la forma de vida de la humanidad en los últimos doscientos años, ha demandado una cantidad abismal de recursos energéticos, desde el vapor hasta la tecnología nuclear, pasando invariablemente por el petróleo.

En este contexto, ¿cómo estamos en México? El 20 diciembre de 2013 fue publicado el Decreto de Reforma Constitucional en materia energética, lo que dio paso a una nueva relación entre la Nación y los empresarios y con la población misma. Apenas unos meses después, el 11 de agosto de 2014 entrarían en vigor las leyes secundarias que operarían el sector energético con 21 ordenamientos, doce de los cuales fueron nuevos y nueve reformados.

Con esta reforma, se buscó asegurar la solvencia energética que el país requiere. No está por demás señalar que los últimos treinta años, Campeche ha sido el gran patrocinador del desarrollo en nuestro país, con las extracciones petrolíferas de la zona de Cantarell y que no le han sido reivindicadas a la región, ni fiscal, industrial o económicamente; no obstante hoy es necesario transformar nuestras fuentes generadoras de energía, pasar de  los hidrocarburos a energías sustentables, como la fotovoltaica y la eólica, por decir algunas.

Baste decir que México, con los beneficios de contar con luz solar durante todo el año, no alcanza, siquiera, el 5% de generación eléctrica a través de esta forma. Países europeos, con menos de la mitad del año de luz solar, alcanzan, en algunos casos, el 40%.

La implementación de la reforma pasa por variadas y múltiples aristas, desde la adecuación del marco normativo – el cual, dicho sea de paso- va muy adelantado, las negociaciones entre sector público e inversionistas y entre estos últimos con los grupos sociales dueños de tierras que serán los lugares físicos donde se instalen los grandes complejos generadores.

En último orden, y debe ser de hecho el que guíe todo el proceso, está la satisfacción de las necesidades energéticas para el país, con una visión integral de los derechos humanos de la sociedad en su basta complejidad (no son los mismos requerimientos en suelo urbano que en el rural, el norte que el sur, la costa que la montaña) con especial atención en el abasto, consumo y costo, bajo un estricto control soberano de los recursos naturales a cargo de la Nación.