Ya está aprobada la Ley de Seguridad Interior. Con ella se ha dotado a las Fuerzas Armadas de un marco jurídico que normaliza y legaliza lo que de facto viene haciendo desde hace más de veinte años, labores de seguridad pública y procuración de Justicia.
¿Alguien ha pensado el escenario donde las fuerzas armadas sean superadas por el narco?
Esto es, el ejército, bajo una doctrina de guerra, se le adiestra para pelear con el enemigo convencional, es decir, otros ejércitos. Sólo que en el caso de la delincuencia organizada, el narco ha mostrado tácticas de guerrilla y de guerra de baja intensidad, con amplísimas bases sociales. Hay que decirlo, a pesar de que el Ejército realiza trabajos operativos de combate y disuasión, aun así existen territorios extendidos por la geografía nacional donde ya no existe presencia de fuerzas de seguridad, incluido el ejército que ya no entra a ellas y son los cárteles quiénes gobiernan y administran.
Frente a este panorama, el Estado Mexicano ha respondido cada día más con un endurecimiento de las penas a los delitos relacionados con la delincuencia organizada. Cada día más fuerzas de seguridad. Sin embargo, no ha atacado las causas que originan el problema; basta decir un ejemplo, para un joven, económica, social y laboralmente le representa mayor beneficio alistarse en el narco que la formalidad del salario mínimo.
De ahí nuestra pregunta:
¿Qué pasará con el Ejército y Marina en un escenario prolongado y de desgaste donde sea superado por el monstruo de mil cabezas que es la delincuencia organizada?
Qué pasará si el último bastión de seguridad del Estado Mexicano -después de las policías municipales, estatales, federales que han sido superadas- es dinamitado.
A contra corriente de las críticas que ha recibido la Ley de Seguridad Interior, por militarizar al país (vamos el país ya lo está hace más de veinte años) y el riesgo que corre la ciudadanía frente a esta política, nosotros consideramos que este ordenamiento puede resultar una celada para nuestras Fuerzas Armadas de desgaste y deslegitimación de su papel estratégico en la defensa de la patria y quizá sea, precisamente esa el objetivo de fondo, decir que el Estado Mexicano por sí mismo es incapaz de hacer frente a una amenaza internacional…
Y entonces si eso ocurre, que las Fuerzas Armadas sean superadas, ¿qué ocurrirá? ¿quiénes harán frente?
A nuestro juicio, no fue a los militares, tampoco a la ciudadanía o a la clase política, mucho menos a los narcos. Andrés López es un animal político, vive, respira, come, duerme, se oxigena y alimenta de la política 24 horas al día, está en campaña desde hace 18 años, pero vive en la política desde hace casi medio siglo, de ahí que es un cazador nato con un olfato extremadamente desarrollado para leer los tiempos, anticipar jugadas, marcar agendas.
Sigue la pregunta ¿A quién le habla AMLO?
Para contextualizar la posible respuesta, basta decir unas líneas. Colombia en la década de los años ochentas y noventas tuvo un escenario violento, con las guerrillas operativas y los cárteles de la droga. En 1991 llega la nueva constitución con alto octanaje en Derechos Humanos. Con ella, también llegó un acontecimiento no menor, la firma del Plan Colombia, con el cual Estados Unidos brindaría apoyo táctico, militar, tecnológico y económico al país. ¿A cambio de qué? Sólo los firmantes saben los detalles finos de esa negociación.
El resultado evidente que hoy podemos ver en retrospectiva, es un país que ha desmontado la actuación violenta de los cárteles (esto es, se ha administrado la violencia, porque el narco sigue vigente) y se ha desmilitarizado a la guerrilla. Estados Unidos hoy tiene bases militares en territorio colombiano, que antes del plan no tenía.
México lanza a sus militares a las calles en 1997, con Zedillo. Una década más tarde México firma con Estados Unidos un tratado en la capital de Yucatán, conocido por el nombre de esta ciudad, Iniciativa Mérida.
¿Qué se negoció en él? Sólo los intervinientes y muy pero muy pocas personas en nuestro país conocen los alcances de este documento. No obste, podemos citar algunos puntos a considerar. Un nuevo sistema de Justicia Penal, la constitucionalización de los asuntos de delincuencia organizada, una gran reforma en Derechos Humanos y juicio de Amparo. Tenemos territorios emblemáticos en símbolos de soberanía como Juárez, Acapulco, Veracruz, Morelia, Tamaulipas, Tijuana, entre tantos, que han sido dinamitados en su tejido social. Estados Unidos ha proveído recursos tecnológicos, técnicos, capacitación, armamento y capital ¿A cambio de?
En estas dos décadas de lucha infructuosa y fracasada contra el narco, hoy tenemos cuerpos policiales, municipales, estatales, federales, coordinados, mandos único, gendarmería superados. La intervención del Ejército no ha sido menor y en la mayoría de los casos su actuación ha sido cuestionada interna y externamente por organismos de Derechos Humanos. Hoy el Senado discute la aprobación de la Ley de Seguridad Interior, en un intento por normalizar la actuación de los militares y marinos en labores de seguridad pública y procuración de justicia. ¿Alguien se ha preguntado en un escenario dentro de la teoría de juegos qué ocurrirá en el supuesto de que las Fuerzas Armadas sean superadas, como lo han sido el resto de las instituciones de seguridad del Estado Mexicano?
Siguiendo (en el caso de ser real) el paralelismo entre el contexto colombiano y el mexicano, el país caribeño vivió un “proceso de paz”, cuyas fases son similares a las que experimenta nuestro país.
De ahí que sigue sin contestarse la pregunta, ¿a quién le habla AMLO con la supuesta amnistía? Insisto, no es a la clase política, electores y menos a los narcos. Andrés López, el sagaz político, que observa como inevitable la Ley de Seguridad Interior y la constante degradación de esa política de seguridad, le habla a los redactores de la Iniciativa Mérida para que vean en él un político, que en caso de ganar la presidencia, continuará ese proceso obscuro de la pacificación continental…
La Ley de Seguridad Interior, una falsa y peligrosa salida al problema de seguridad en el país.
El país ya está militarizado. Lleva así 20 años, desde que Ernesto Zedillo Ponce de León tuvo la ocurrencia de crear la Policía Federal Preventiva, integrada, inicialmente, con 11 elementos, 6 mil de ellos aportados por las Fuerzas Armadas. De ahí que es erróneo pensar que con la Ley de Seguridad Interior se va a militarizar el país, pues hoy están desplegados a lo largo del territorio los militares y marinos, realizando labores de seguridad pública y procuración de Justicia.
¿Entonces cuál es el problema en la aprobación de la ley en la materia?
En principio, es importante decir que el Ejército no lo es, tampoco las labores para las cuales fue creado y que no son, jamás lo han sido, labores de seguridad pública y menos procuración de Justicia. Para aclarar lo anterior, es importante precisar algunos conceptos. Nuestra Constitución tiene contemplados diversas categorías relacionadas con la seguridad, siendo de hecho, esa labor la justificación misma del Estado. Para ser muy ejecutivos, sólo diremos que el primero es el de seguridad social cuyos objetivos son prever medidas protectoras al salario, vivienda, salud de los trabajadores.
Tenemos también, la seguridad pública, cuyo objeto es la prevención del delito, el mantenimiento del orden público y la aplicación de sanciones por faltas administrativas. Después está la Procuración de Justicia, encomendada a lo que se conocía como las policías judiciales, ahora ministeriales, de investigación, que conjuntamente con el Ministerio Público y las fiscalías, de acuerdo a la transición de un modelo a otro en el Sistema de Justicia Penal tenemos, cuya tarea es la investigación y persecución de los delitos, cometidos por personas.
En tercer orden, es la seguridad nacional, elevada a rango constitucional en el sexenio de Vicente Fox, cuyas referencias documentadas datan de 1968 operada por militares. En 1988 se buscó su profesionalización a través de la creación del Centro de Investigación y Seguridad Nacional, quedando a cargo de civiles y militares la disposición de las amenazas y riesgos contra la estabilidad del Estado y sus instituciones. Es en esa reforma constitucional de 2005 donde se ordenó la emisión de una ley que reglamentara las investigaciones que debieran tener los órganos de inteligencia para que los tomadores de decisiones, es decir el Presidente, lo hiciera con la mayor precisión.
En siguiente nivel, tenemos que el artículo 89 fracción VI constitucional, se previene que el presidente de la República dispondrá de las tres armas de las fuerzas armadas, para la Defensa Exterior y la Seguridad Interior. La primera se ubica en un contexto de invasión y el segundo para el caso de una perturbación grave de la paz pública. Para ello, es preciso la intervención cercanísima del Congreso de la Unión, ya para una eventual Declaratoria de Guerra y en todo caso de suspensión de garantías, en orden a lo que ordena el artículo 29 constitucional, que, leído armónicamente con el diverso 129 de la misma Carta Magna, en tiempos de paz, ninguna autoridad militar podrá ejercer mayor jurisdicción que las relacionadas con la disciplina militar. Y como es sabido, no ha habido, por décadas una declaratoria de guerra que justifique constitucionalmente la actuación del Ejército en las calles. Aunado a ello, al Ejército se le adiestra bajo la Doctrina de Guerra, para enfrentar al enemigo.
Después de haber precisado lo anterior, ¿cuál es entonces el problema con la ley de seguridad interior? Que de acuerdo al proyecto que ha sido aprobado por la Cámara de Diputados, se normaliza la actuación del Ejército, en tiempos de paz, en labores que corresponden constitucionalmente a los civiles, en la prevención y persecución de los delitos, es decir a realizar funciones de seguridad pública, procuración de justicia y seguridad nacional, lo que consolida la doctrina del Enemigo Interno, donde todos somos enemigos potenciales del estado, sin una formación sólida en Derechos Humanos.
Tampoco el Ejército es el responsable de esta situación, por el contrario, las fuerzas armadas han sido las paganas de políticas de seguridad fracasadas, la última de ellas, la que emprendió Enrique Peña Nieto, al haber politizado la seguridad pública, haber desaparecido la secretaría encargada de ella y trasladar, sin preparación, técnica ni ciencia, a la gobernación. El Ejército, como institución se la endosado las violaciones por Tanhuato, Tlatlaya, Ayotzinapa, ecologistas violadas en un larguísimo etcétera.
En veinte años se han menguado sistemática y ordenadamente a las instituciones del Estado Mexicano, primero las municipales, después las estatales, luego las federales. Hoy, la respuesta es exponer al Ejército a ese desgaste, sin haber preparado, capacitado, adiestrado a los civiles en esas tareas. ¿Alquien ya se preguntó qué ocurrirá el día que sea superado el Ejército, último bastión del Estado? ¿Qué queda, quién actuará, de qué manera?
Hoy entra en vigor en todo el país el Sistema Nacional Anticorrupción (SNA), aquí algunos comentarios:
1. El Sistema llegó tarde muy tarde. En términos de la reforma constitucional promulgada el 27 de mayo de 2015, un año después tendrían que haberse emitido las leyes reglamentarias, esto es el 27 de mayo de 2016 y exactamente al año siguiente haber entrado en vigor el SNA, esto es el 27 de mayo de 2017.
No fue así, la política tiene otros tiempos. Y fue hasta el 18 de julio de 2016 cuando fueron promulgadas las leyes reglamentarias – Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción, Ley General de Responsabilidades Administrativas, Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Administrativa y Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas como leyes nuevas y se reformaron la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República, el Código Penal Federal y la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal.
Más allá de ese retraso, México llega muy tarde en su combate a la corrupción, dentro de un régimen enlodado en problemas de corrupción, opacidad y patrimonialismo.
2. Transcurrieron los primeros dos años de gobierno de la Administración peñista sin haber designado a un Secretario de la Función Pública que funcionó con un encargado de despacho (cuyo premio de consolación fue un asiento como magistrado en el Tribunal Federal de Justicia Administrativa (TFJA), posteriormente llegó Virgilio Andrade a trabajar específicamente con el asunto de la Casa Blanca, con los resultados por nos conocido.
Gran decepción sucedió con la llegada de Arely Gómez, personaje oscuro sin experiencia en el control interno de la Administración Pública.
3. El SNA para trabajar debe contar con dos instituciones fundamentales con las que el cálculo y la mezquindad política han privado en su designación como titulares: los 18 magistrados que integrarán las Salas especializadas en la materia y el Fiscal Anticorrupción.
Los investigados no han designado a quién los investigará y a quiénes los juzgarán, la agenda de los partidos, por encima de los tiempos de la República.
4. Se designó “Comité Ciudadano” al órgano que propondrá políticas públicas en la materia y dará seguimiento al SNA. Resulta desafortunada el nombre “Comité Ciudadano” si la pretensión era designar personas ajenas a los partidos políticos y a la burocracia. Cualquier persona medianamente leída, sabe que para ser presidente de la República, senador, diputado, secretario de despacho o simple juez, se requiere ser “ciudadano” es decir tener mayoría de edad y contar con un modo honesto de vivir (no tener suspendidos sus derechos civiles y políticos) de ahí que los servidores públicos son ciudadanos. No obste, la integración de ese Comité devino nombramientos de burócratas y políticos (salvo honrosa excepción) cercanos, pero no afiliados a partidos políticos. La cuota partidista sobre el perfil del cargo.
5. La entrada en vigor del SNA implica que las entidades federativas adecuen, armonicen y homologuen sus legislaciones internas a la reforma constitucional y leyes generales. Hoy entra en vigor el sistema con un atraso considerable, con casos paradigmáticos como Chihuahua y Baja California que no hay hecho siquiera una reforma constitucional local, menos una legal. El panorama no es halagüeño en el resto de las entidades. En el caso de la CDMX apenas se votaron esta semana que concluyó las reformas.
6. La bienvenida al SNA la dieron dos acontecimientos (que serán juzgados de conformidad al anterior régimen) el socavón de Cuernavaca, monumento a la opacidad, la contratación pública de cuates, la corrupción y la desvergüenza del titular de Caminos y Telecomunicaciones Ruiz Esparza adherido como ventosa al puesto. Y el segundo, el caso Duarte, donde los ministerios públicos de la PGR fueron exhibidos en su actuar.
7. Este SNA no es el mejor, es el resultado al que pudieron llegar los factores de poder representados en el Congreso. No obstante, está en los ciudadanos dar marcaje personal a los corruptos.
Estas líneas se escriben apenas dos horas después de cerradas las casillas, de ahí que es una lectura inmediata a partir de los resultados que se conocen hasta ahora.
La elección del Estado de México, por lo cerrado, se decidirá probablemente en tribunales. No obstante, del 62% que obtuvo Eruviel hace seis años, a esta elección el voto ronda el 30%; de ahí que, no sólo fue reprobado el gobierno estatal, sino también, la elección resultó una severa descalificación al gobierno federal. Aun cuando se pueda llegar a revertir la mínima ventaja que tiene hasta ahora Morena, el PRI tiene una gran crisis. El año pasado el PRI perdió 7 de las 12 gubernaturas en juego y, entre esas, entregó a la oposición cuatro estados en los que había gobernado de forma consecutiva durante 86 años: Durango, Quintana Roo, Veracruz y Tamaulipas. Hasta ahora, los resultados nos indican que entregará los gobiernos de Coahuila, Nayarit y quizá estado de México. En dos años el PRI como gobiernos estatales gobierna menos de la mitad del país y con un presidente en el sótano de la aprobación ciudadana. Mañana el PRI tiene por supervivencia, definir a su candidato a la presidencia y empezar a trabajar en ello. ¿Quién será el candidato? No se sabe, Manlio, Osorio. Al menos Eruviel ya no.
En Morena el golpeteo fue duro y constante, los golpes a los principales operadores políticos y financieros del partido de AMLO se hicieron presentes, Rocío Nahle, , Andrés Manuel López Beltrán, Yeidckol Polevnsky, Ricardo Monreal, Amado Cruz Malpicay Eva Cadena, fueron golpeados, con o sin fundamento, (serán las autoridades quienes deslinden responsabilidades). Una lectura es que Morena para el 2018, no es suficiente actuar solo.
En el PAN seguramente habrá o debe haber una profunda reflexión, las decisiones de Anaya que había sido el gran triunfador en el 2016 al interior del Instituto; decidió que Josefina debía ser la candidata a pesar de los liderazgos azules en la entidad. Siendo la candidata la gran sacrificada. Josefina fue traicionada en 2012 y… también en 2017. La dejaron sola. Mención aparte es Veracruz donde la alianza PAN PRD se prevé se alzará con más de la mitad de las alcaldías.
En el PRD el lunes amanecerá con un nuevo personaje nacional con Juan Cepeda, quién, cuando menos, será el nuevo dirigente del partido con miras al 2018 y en el mejor de los escenarios, el próximo candidato a la presidencia, por encima de Mancera, quien una y otra vez reniega siquiera afiliarse al partido y con los escándalos financieros al interior de su gabinete, con sus colaboradores más cercanos, la candidatura se ve lejana.
Estas elecciones tienen bastantes lecturas, lo cierto es que mañana lunes tendremos nuevos actores políticos; se esperaría la dimisión de Ochoa Reza, el papel de Juan Cepeda como actor nacional, Ricardo Anaya debilitado políticamente, pero aún con el control del Consejo Político Nacional del Pan que es quién decide al candidato presidencial. Como decíamos, es una lectura a botepronto que merece una segunda reflexión conforme los números se consoliden.
Hace unos días el Secretario de Hacienda, José Antonio Meade, expresó que para hacer frente caída de la renta petrolera y la nueva política fiscal de Estados Unidos. veía con buenos ojos subir el impuesto predial cuyo cobro es competencia de los municipios para el caso de los Estados y para el gobierno central, en el caso de la Ciudad de México.
¿Qué significa aumentar el cobro de esta contribución? De entrada, Meade Kuribreña aportó cifras que contextualizan el problema: mientras México recauda apenas el 0.2% del PIB por este impuesto, en América Latina el promedio es del 1.7%, para Estados Unidos el 3.2%, en tanto que para la media de los países de la OCDE es de 2.2%.
Esta bajísima recaudación, en principio, evidencia el deficiente o nulo trabajo de los 2456 municipios con los que cuenta el país, con algunas contadas excepciones; por lo que es cierto, tiene que realizarse un trabajo recaudatorio mucho más eficiente, libre de dogmatismo, ajeno a la agenda electoral de los partidos y su evidente repercusión en las elecciones para los cargos de elección popular al interior de los Cabildos, en su mayoría cada tres años.
La caída de la renta petrolera repercutió directamente en la disminución de fondos federales destinados a los Ramos 28 y 33 del Presupuesto de Egresos de la Federación, bolsa de donde se nutren, en algunos casos, hasta el 95% de las Haciendas Municipales y más del 80% de los recursos de gobiernos estatales. De ahí que los Ayuntamientos y Gobernadores sean los primeros en alzar la voz. Esta caída obedeció a dos factores: la reforma energética peñista y la caída de los precios internacionales del crudo.
No obstante, veamos el tema global. Un contribuyente se encuentra afecto al impuesto predial por los bienes inmuebles con los que cuenta cuyo pago es, ya se dijo, realizado al Municipio y en la CDMX a la Secretaría de Finanzas; al pago del impuesto cedular, a la nómina y al hospedaje en aquellas entidades federativas donde están legislados. A nivel federal paga el Impuesto al Consumo por bienes o servicios recibidos, llamado IVA y al Impuesto al incremento patrimonial, denominado Impuesto sobre la Renta, además de todas las contribuciones que en forma de Derechos, Aportaciones de Seguridad Social, contribuciones de mejoras, etc. Así que aumentar impuestos no es cosa sencilla ni mucho menos aceptada de facto por los contribuyentes.
Un punto debe señalarse de manera enfática a los señalamientos del titular de Hacienda. El Impuesto sobre la Renta como el IVA no son facultades primigenias expresamente conferidas a la Federación, sino que son residuales a favor de los Estados. Luego entonces, ¿por qué el SAT federal los cobra? Pues es resultado de los convenios de adhesión y colaboración en el marco del Sistema Nacional de Coordinación Fiscal donde los estados han cedido esa facultad a cambio de que la Federación les “participe” los beneficios de la renta petrolera.
Entonces, en el nuevo esquema fiscal derivado de la reforma peñista puede resultar que los Estados se cuestionen la viabilidad y continuidad de ese esquema donde la federación es la que cobra, parte y reparte y lleguemos a nuevos escenarios que quizá, marquen un nuevo federalismo, donde los estados graven y cobren su riqueza (ISR) y el consumo (IVA) y sólo aporten su parte proporcional a la Federación.
Como dato de contexto dejamos en el tintero el siguiente dato: el 27 de mayo de 2013 se publicó una reforma constitucional y se adicionó el inciso r) a la fracción XXIX del articulo 73, para dotar al Congreso de facultades para expedir una Ley General que homologue y armonice los catastros municipales y registros públicos de la propiedad. ¿Qué significa? Que la federación tendrá la llave maestra de todo el catastro nacional y la memoria documental registral. Veremos en donde termina este galimatías fiscal.
En conclusión, cobrar más y mejor el impuesto predial no es forzosamente la solución ante el escenario actual; las reformas estructurales impulsadas por el presidente Peña, en especifico la energética, hacen necesario evaluar el Sistema Nacional de Coordinación Fiscal hacia nuevos esquemas mucho más equitativos y proporcionales.
Dentro de cien años, con toda seguridad, cambiará el mapa geopolítico del mundo que conocemos actualmente, muchos de los que leamos esta nota -si no es que todos-, ya no estaremos aquí para comprobarlo. Algo que también sabemos, es que sólo aquellos países que logren resguardar sus recursos naturales, en particular agua y energéticos, serán los que sobrevivan.
La revolución industrial no sólo ha transformado la forma de vida de la humanidad en los últimos doscientos años, ha demandado una cantidad abismal de recursos energéticos, desde el vapor hasta la tecnología nuclear, pasando invariablemente por el petróleo.
En este contexto, ¿cómo estamos en México? El 20 diciembre de 2013 fue publicado el Decreto de Reforma Constitucional en materia energética, lo que dio paso a una nueva relación entre la Nación y los empresarios y con la población misma. Apenas unos meses después, el 11 de agosto de 2014 entrarían en vigor las leyes secundarias que operarían el sector energético con 21 ordenamientos, doce de los cuales fueron nuevos y nueve reformados.
Con esta reforma, se buscó asegurar la solvencia energética que el país requiere. No está por demás señalar que los últimos treinta años, Campeche ha sido el gran patrocinador del desarrollo en nuestro país, con las extracciones petrolíferas de la zona de Cantarell y que no le han sido reivindicadas a la región, ni fiscal, industrial o económicamente; no obstante hoy es necesario transformar nuestras fuentes generadoras de energía, pasar de los hidrocarburos a energías sustentables, como la fotovoltaica y la eólica, por decir algunas.
Baste decir que México, con los beneficios de contar con luz solar durante todo el año, no alcanza, siquiera, el 5% de generación eléctrica a través de esta forma. Países europeos, con menos de la mitad del año de luz solar, alcanzan, en algunos casos, el 40%.
La implementación de la reforma pasa por variadas y múltiples aristas, desde la adecuación del marco normativo – el cual, dicho sea de paso- va muy adelantado, las negociaciones entre sector público e inversionistas y entre estos últimos con los grupos sociales dueños de tierras que serán los lugares físicos donde se instalen los grandes complejos generadores.
En último orden, y debe ser de hecho el que guíe todo el proceso, está la satisfacción de las necesidades energéticas para el país, con una visión integral de los derechos humanos de la sociedad en su basta complejidad (no son los mismos requerimientos en suelo urbano que en el rural, el norte que el sur, la costa que la montaña) con especial atención en el abasto, consumo y costo, bajo un estricto control soberano de los recursos naturales a cargo de la Nación.
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